El reciente acuerdo entre el PSC, ERC y los comunes para modificar las ventajas fiscales del proyecto Hard Rock ha suscitado una fuerte reacción en los municipios de Salou y Vila-seca, que esperaban beneficiarse de este macrocomplejo en el Camp de Tarragona. La modificación, que eleva el impuesto sobre el juego del 10% al 55%, revoca una reducción fiscal que se había establecido en 2014 con el fin de atraer inversiones internacionales.
Los alcaldes de ambos municipios han expresado su inquietud por el cambio en las condiciones. Pere Segura, alcalde de Vila-seca por Junts, advirtió que este cambio altera las “reglas del juego” y podría comprometer la seguridad jurídica en Catalunya, un aspecto fundamental para atraer a los inversores. Por su parte, Pere Granados, alcalde de Salou por el PSC, manifestó su preocupación de que esta decisión pueda resultar en indemnizaciones para los inversores, aunque indicó que, hasta el momento, el proyecto no ha sido descartado por ellos. Ambos alcaldes lamentan que las necesidades del territorio se estén utilizando como “moneda de cambio” en el ámbito político catalán.
Desde el Govern, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, defendió que la reforma fiscal no debería afectar negativamente el desarrollo del proyecto. Sin embargo, reconoció que la decisión final recae en los inversores. Romero subrayó la importancia del proyecto Hard Rock para desestacionalizar el turismo en la región y diversificar la oferta económica, complementando la actividad de PortAventura.
